El expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), el exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), Jorge Johny Handal Hawit, y el exdirector de Presupuestos de Finanzas, Roberto Alonso Zúniga Barahona, fueron sobreseídos en el caso Pandora II.
Otros indiciados, incluyendo el exministro de Finanzas y expresidente del Banco Central de Honduras (BCH), Wilfredo Cerrato, siguen bajo el proceso.
El juez natural, Walter Miranda Sabio, en resolución de audiencia inicial del caso Pandora II dictó auto de formal procesamiento para el exgerente administrativo de la Secretaría de Finanzas, James Aldana, por la supuesta comisión de los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública.
En cuanto a Wilfredo Cerrato se dictó auto de formal procesamiento por el delito de violación de los deberes de los funcionarios y sobreseimiento provisional en el delito de fraude, misma medida que abarca para la exgerente administrativa de Sefin, Lilia María Bográn Rivera.
SOBRESEÍDOS
Asimismo, por no acreditarse con el mínimo de indicio racional de la prueba la participación del exmandatario Lobo Sosa, Handal Hawit y Zúniga Barahona, en los hechos indicados en el requerimiento, se dicta sobreseimiento definitivo por fraude y violación de los deberes de los funcionarios.
La portavoz del Poder Judicial, Lucía Villars, confirmó que estos tres imputados fueron sobreseídos de manera definitiva porque no se les logró acreditar el mínimo de indicio racional de la prueba de participación.
En el caso del exministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato y la exgerente administrativa Bográn Rivera, fueron sobreseídos de manera provisional por el delito de fraude.
Sin embargo, ambos quedaron con auto de formal procesamiento por el delito de violación de los deberes de los funcionarios.
De su lado, el exgerente administrativo de la Secretaría de Finanzas, James Aldana, recibió auto de formal procesamiento por los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios.
LA ACUSACIÓN
A su salida de la audiencia, el expresidente Lobo Sosa expresó que la acusación en su contra viene por parte del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y con el visto bueno del exmandatario y asesor presidencial, Manuel Zelaya Rosales. “Yo estoy en política hace mucho tiempo y yo no me chupo el dedo, a ellos les queda poco tiempo”, señaló.
“Esta cosa viene de un hombre que anda abandonando a sus hijos, Luis Redondo, y de Mel Zelaya”, sostuvo Lobo Sosa.
Señaló que en su gobierno no se dedicó a perseguir a ningún personaje político y lamentó que el actual gobierno copie lo mismo que hizo la anterior administración de hacer persecuciones políticas.
“Cuando quieres inventar un delito y adecuarlo a lo que es un objetivo político, al final se lo dije al fiscal (Luis Javier) Santos que no tenía la culpa, sino algunos de los políticos que presionamos a los operadores de justicia para que cumplan algunos objetivos”, indicó.
DESEMBOLSOS MILLONARIOS
Por su parte, la abogada Doris Madrid manifestó que “en el caso de don Roberto Zúniga fue sobreseído de forma definitiva en los dos delitos, en el caso de don James (Aldana) se le dictó auto de formal procesamiento, pero las resoluciones judiciales estamos obligados a interponer el recurso de apelación correspondiente”.
El caso que fue presentado ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el 11 de octubre del 2023, según la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), del Ministerio Público (MP), se basa en el hecho que los altos exfuncionarios conformaron, entre los años 2010 y 2013, una red de corrupción.
La Uferco presentó que esa red participó en la ampliación y aprobación de desembolsos de fondos públicos por 288 millones 16,175 lempiras que se autorizaron a las fundaciones “Todos Somos Honduras” y “Dibattista”, desde el Congreso Nacional, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y el Banadesa.
JOH INDICIADO
En el caso está indiciado el expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado y se le implica por supuestos beneficios obtenidos de los desembolsos que se realizaron desde las instituciones públicas a las fundaciones, donde el exmandatario recibió para el financiamiento de su campaña política al menos 62 millones de lempiras.
Esos recursos los habría recibido a través de la utilización de diferentes artificios, entre ellos, la creación de empresas fantasmas, prestanombres y contratos ficticios, dineros públicos que llegaron a los movimientos “Azules Unidos” y “Amigos de JOH”, además a la sociedad mercantil denominada “La Cachureca”, así como a sus gerentes de campaña departamentales.
Según el MP, en todas las ampliaciones presupuestarias tuvo una participación directa el expresidente Lobo Sosa, mientras Wilfredo Cerrato, desde Finanzas, aprobó una ampliación de 35 millones de lempiras que fueron traspasados a la fundación “Todos Somos Honduras”.
En esta causa, el juez designado emitió dos órdenes de captura, ya que no fueron localizados el sindicado David Ortiz Hawit (prófugo) y el expresidente Hernández Alvarado, preso en Estados Unidos, por cargos de narcotráfico.
