El empresario Alfredo Alberto Román, que figura entre los habitantes más ricos de Argentina, intentó bloquear el envío de información sensible de sus haberes suizos a las autoridades fiscales de su país de residencia, una acción que contravenía las reglas del intercambio automático de datos fiscales entre países.
Esta solicitud fue considerada de la relevancia necesaria para que los jueces de Mon-Repos le dedicaran una audiencia pública el 6 de junio de 2023, a la que asistió Gotham City. Los debates, no obstante, no se inclinaron en favor del demandante, consta en el fallo Enlace externopronunciado el 14 de julio.
El “zar de la grúas”
Conocido en Argentina como el “zar de las grúas”, Alfredo Román, de 80 años, erigió un imperio logístico que incluyó la construcción del puerto de carga más importante de Buenos Aires. El empresario vendió la mayor parte de su empresa en 2008, lo que le convirtió en el undécimo hombre más rico de Argentina, con una fortuna cifrada en 800 millones de dólares, según la revista Forbes.
Alfredo Román, quien posee activos en Suiza vía un fideicomiso familiar, se opuso a la transmisión de sus datos bancarios desde que entró en vigor el tratado de intercambio automático de información entre Suiza y Argentina en 2018.
Tras un primer rechazo de la Administración Federal de Impuestos de Suiza y una segunda negativa encabezada por el Tribunal Administrativo Federal en 2020, Alfredo Alberto Román decidió interponer su caso ante el Tribunal Federal.
El empresario, quien afirma estar en regla con las autoridades fiscales de su país, expresó que «la ausencia del Estado de Derecho en Argentina comprometió la seguridad de los datos y, en consecuencia, puso en peligro la vida, la libertad y los bienes de las personas sujetas al intercambio automático». La defensa de Alfredo Román enfatizó además el riesgo de secuestro o extorsión que enfrentaban él y su familia.
Denunciaron también el «menosprecio de las autoridades argentinas por la protección de los datos personales, la corrupción endémica entre los funcionarios argentinos, la creciente actividad de grupos criminales y la falta de integridad del gobierno argentino».
