El Parlamento español aprobó este jueves (16.02.2023) leyes sobre el aborto y la autodeterminación de género que permiten a menores desde los 16 años interrumpir el embarazo sin necesidad de autorización paterna o cambiar de sexo sin la obligatoriedad de informes médicos o psicológicos.
La jornada estuvo marcada por la aprobación de lo que es la primera Ley trans en la historia de España. Esta era una de los mayores desafíos y promesas del Ministerio de Igualdad de Irene Montero, pero también una de las cuestiones que más enfrentamientos ha protagonizado dentro del seno del feminismo en España y de la izquierda en general.
Con 191 votos a favor, 60 en contra y 91 abstenciones, el Congreso español aprobó definitivamente este jueves la llamada “Ley Trans” que autoriza la libre autodeterminación de género.
Ambas leyes salieron adelante tras superar discrepancias internas en el Gobierno de coalición de izquierda y frente al rechazo de la oposición de derechas, aunque con el parte del movimiento feminista en contra en el caso del cambio de sexo.
La nueva ley del aborto acaba con la necesidad de contar con el consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años, pues la mayoría de edad es a los 18 en España y permite abortar libremente durante las primeras 14 semanas de gestación.
Además prevé un registro de objetores de conciencia para el personal sanitario y elimina la obligación de informar a la mujer sobre las ayudas a la maternidad así como el plazo de reflexión de tres días antes de abortar.
Además la nueva ley reconoce por primera vez a las mujeres el derecho a una baja laboral por una menstruación dolorosa e incapacitante.
Estas declaraciones han levantado numerosas críticas por parte de los sectores más conservadores y católicos del Partido Popular y han alimentado el discurso radical de la extrema derecha, representada en Vox, al llamar “traidores” a los miembros del Partido Popular y a Núñez Feijóo. Ante la polémica, el presidente de los populares tuvo que salir al paso diciendo que, aunque el aborto es aceptado en numerosos países europeos, no es un derecho fundamental.
