Por Óscar Estrada
New York, 18 de febrero de 2024
Esta semana inicia el juicio contra del expresidente Juan Orlando Hernández, acusado por la Fiscalía de New York de narcotráfico, portación ilegal y uso de armas y explosivos para favorecer el narcotráfico. Y aunque los primeros días solo veremos el proceso de selección del jurado, el debate de estas semanas nos ha permitido conocer que este proceso se desarrollará en medio de dos narrativas contrapuestas.
Por un lado, la Fiscalía que presenta a Hernández como el líder de un cartel de drogas que, aprovechando su posición como presidente del país, tejió alianzas con narcotraficantes para promover sus operaciones ilícitas, incluso recurriendo al sicariato. Esta acusación se basa en testimonios de narcotraficantes y supuestos colaboradores, audios de llamadas interceptadas y otros documentos que sugieren su complicidad. Esta ha sido la narrativa dominante en los medios hondureños durante los últimos años. Cuentan además con el importante antecedente de la condena por los mismos cargos de su hermano “Tony” Hernández.
Por otro lado, la defensa intenta construir una narrativa contraria. Se esfuerzan por presentar a Hernández como un aliado de los EE. UU. en su lucha contra el narcotráfico, insinuando que cualquier acción fuera de la ley que haya podido realizar mientras fue presidente fue conocida y posiblemente aprobada por Washington. La defensa se ha esforzado por acceder a documentos clasificados del gobierno estadounidense que puedan respaldar esta versión, argumentando que Hernández colaboró estrechamente con las agencias norteamericanas y que su arresto es una venganza ingeniada por narcotraficantes a quienes él combatió durante fue presidente. Esta narrativa es apoyada por su familia, que desde el principio buscan retratarlo como un hombre de principios morales conservadores, para remarcar fisuras en la narrativa oficial.
Esta dualidad de narrativas coloca al jurado en la difícil posición de discernir si Hernández fue, de hecho, un promotor del narcotráfico disfrazado de aliado o si su detención obedece a motivos políticos y de represalias por parte de criminales. La estrategia de la defensa de desclasificar documentos podría ofrecer una perspectiva más clara sobre la relación entre Hernández y el gobierno de Estados Unidos, especialmente en lo que respecta a su papel en la guerra contra el narcotráfico.
Existen varios casos que comparten similitudes con el juicio contra Hernández, especialmente aquellos que involucran a exjefes de Estado o altos funcionarios acusados de narcotráfico, corrupción, y otros delitos graves. Estos precedentes ofrecen una perspectiva sobre cómo podrían desarrollarse y concluir este caso.
El primero y más usado como referencia, es el de Manuel Noriega, presidente de Panamá, quien fue capturado en 1989 luego de una intervención militar y posteriormente juzgado en Miami. Noriega fue condenado por narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado. Su defensa también intentó argumentar que sus acciones se realizaron en coordinación o con la aprobación de agencias estadounidenses.
Joaquín “El Chapo” Guzmán. Aunque no es un político, el juicio contra el líder del cartel de Sinaloa, destaca por la magnitud de las acusaciones de narcotráfico. Su juicio terminó con una condena a cadena perpetua.
Los “narco sobrinos” de Maduro y otros altos exfuncionarios venezolanos. EE. UU. ha acusado a varios familiares de Maduro y exfuncionarios del gobierno venezolano (incluyendo al mismo Maduro) por narcotráfico, lavado de dinero y corrupción. Aunque muchos de estos casos aún están en proceso o los acusados se encuentran fuera del alcance de la justicia estadounidense, algunos han sido liberados luego de una intensa negociación entre las autoridades de ambos países.
Estos precedentes sugieren que EE. UU. no duda en juzgar y condenar a extranjeros de alto perfil, incluidos exjefes de Estado y las condenas suelen ser severas. Para Hernández, su defensa enfrenta el desafío de contrarrestar no solo la evidencia presentada por la Fiscalía, sino también la percepción pública y la tendencia judicial en casos similares.
Pero, existen también, antecedentes en donde individuos acusados de graves delitos, incluyendo, pero no limitándose al narcotráfico, han sido exonerados, absueltos o han visto sus cargos desestimados por diversas razones. Algunos de los motivos por los cuales estos resultados pueden ocurrir incluyen insuficiencia de pruebas, inadmisibilidad de evidencia crucial, eficacia de la defensa legal, cambios en la percepción del jurado, o incluso intervenciones políticas o diplomáticas.
Podemos recordar el caso del actor Robert Blake, quien fue acusado del asesinato de su esposa, Bonny Lee Bakley, en 2001. En 2005, Blake fue encontrado no culpable debido a la insuficiencia de pruebas directas que lo conectaran con el crimen.
En el juicio contra O.J. Simpson por asesinato en 1995. Parte de la evidencia en contra de Simpson fue cuestionada por cómo se manejó y se recolectó, llevando a debates sobre la contaminación de la escena del crimen.
Casey Anthony, acusada en 2008 del asesinato de su hija, Caylee Anthony. En 2011, fue encontrada no culpable, en gran parte debido a la eficacia de su defensa legal, que cuestionó las pruebas forenses presentadas por la Fiscalía que presentó la teoría de que Caylee había muerto accidentalmente.
John Gotti, líder de la familia criminal Gambino, que fue absuelto en tres juicios, en parte debido a la capacidad de su defensa para influir en la percepción del jurado y, presuntamente, a través de la intimidación de testigos. Estos factores contribuyeron a la dificultad de obtener una condena hasta 1992, en un nuevo juicio.
Ahmed Ghailani, acusado de participar en los atentados a las embajadas de EE. UU. en África en 1998, fue absuelto de todos los cargos excepto uno en 2010 en un tribunal civil de EE. UU. La exclusión de cierta evidencia obtenida bajo tortura y la complejidad de juzgar casos de terrorismo en tribunales civiles ilustran cómo las intervenciones legales y las cuestiones de DD. HH. pueden influir en los resultados judiciales.
Un jurado de doce personas deberá decidir el destino de Juan Orlando Hernández. A medida que el juicio se desarrolla, ambos lados en disputa buscarán solidificar su versión de los hechos, un caso que promete revelar detalles íntimos de la interacción entre política, narcotráfico y relaciones internacionales.
