Una corte de El Salvador suspendió este lunes por cuarta vez el inicio de un juicio contra un grupo de militares retirados, señalados de formar parte de un escuadrón de la muerte del Ejército y acusados de asesinar a cinco personas en 1981 en el contexto del conflicto armado interno.
Esta vez, de acuerdo con el abogado David Morales, la suspensión se debió a que uno de los procesados, que está en detención, no fue trasladado al lugar donde se iba a llevar a cabo la vista pública, en el oriental departamento de San Miguel.
Morales, de la organización no gubernamental Cristosal, explicó que la Corte Suprema de Justicia tampoco logró la comparecencia virtual del imputado.
“Ha fallado la Dirección de Desarrollo Tecnológico de la Corte Suprema de Justicia. Hay una responsabilidad de esta corte que no ha tenido la capacidad de garantizar la comparecencia virtual de uno de los procesados”, señaló en declaraciones compartidas por Cristosal.
Apuntó que “la negligencia extrema de la Dirección de Centros Penales que tampoco ha garantizado la presencia física en este proceso de esta persona que se encuentra detenido”.
“Juzgar a criminales de guerra parece que no interesa al actual Sistema de Justicia, a las actuales autoridades del Gobierno, concretamente a la Dirección de Centros Penales”, dijo.
El abogado agregó: “Esto muestra el estado de la justicia actual en El Salvador, una justicia lenta, deteriorada, que en su infuncionalidad sigue garantizando impunidad a criminales de guerra, mientras las víctimas directas y sus familiares siguen sin acceso a la justicia”.
El pasado 15 de enero el juicio también se suspendió debido a la presentación de una solicitud por parte de la defensa en la que se argumentó que sus testigos estaban fuera del país y también debido a la falta de tecnología para la comparecencia virtual de uno de los imputados.
El Tribunal Primero de Sentencia del municipio de San Miguel, a más de 138 kilómetros de la capital San Salvador, suspendió en mayo de 2023 el comienzo del juicio por la ausencia de tres abogados defensores, y el 14 de agosto de ese mismo año la diligencia fue suspendida por segunda vez porque la corte no pudo concluir a tiempo una audiencia por otro caso.
El hecho fue perpetrado en el cantón San Andrés, en una zona rural de San Miguel (este), contra un matrimonio y tres jóvenes.
Los acusados y procesados por el hecho son identificados por la Fiscalía como José Inés Benavides Martínez, Luis Alonso Benavides Polio, José de la Cruz Orellana y Ángel Aníbal Alvarado Benítez.
En agosto de 2021, las autoridades detuvieron a Benavides Martínez, Benavides Polio y de la Cruz Orellana. Los dos militares retirados de apellido Bevanides enfrentan el proceso penal en libertad condicional.
Mientras, de la Cruz Orellana está detenido y se desconoce el paradero de Alvarado Benítez.
Los escuadrones de la muerte fueron grupos paramilitares de extrema derecha que ejecutaron acciones en contra de opositores políticos, críticos de los Gobiernos de turno o sospechosos de ser guerrilleros.
La guerra civil acabó en 1992 con unas 75.000 personas fallecidas, unos 8.000 desaparecidos y cientos de masacres. Tras una amnistía declarada en 1993, pasó más de dos décadas sin que los crímenes de guerra se pudieran juzgar.
