El alto el fuego con el Estado Mayor Central (EMC) entrará en vigor este martes 17 de octubre y se extenderá hasta el 15 de enero del próximo año, según el decreto gubernamental. Las conversaciones se iniciaron en Tibú, una localidad cercana a la frontera con Venezuela, en una zona que ha sido escenario de frecuentes enfrentamientos entre el ejército colombiano grupos armados ilegales.

El ato comisionado de paz del Gobierno, Danilo Rueda, señaló que tendrían un tiempo limitado para ganarse la confianza de los colombianos escépticos que cuestionan este proceso de construcción de la paz. Aunque no se explicó por qué el alto el fuego es más corto que el sugerido previamente, se espera que las autoridades busquen extenderlo más allá de la fecha límite actual.

Las conversaciones buscan soluciones parciales e inmediatas que ayuden a las comunidades locales y allanen el camino hacia la paz. El EMC, que se separó de las desmovilizadas FARC en 2016, cuenta con alrededor de 3.530 miembros, incluyendo unos 2.180 combatientes, y opera en regiones afectadas por el tráfico de drogas y la minería ilegal.

El presidente Gustavo Petro busca “la paz total” con varios grupos armados tras décadas de conflicto interno. Además de las negociaciones con el EMC, el Ejecutivo está en conversaciones de paz con otros grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El fiscal general de Colombia tomó una medida importante en busca de la paz en el país al suspender las órdenes de arresto para más de 20 miembros del EMC a principios de marzo, permitiéndoles participar en un proceso de diálogo.

Estos miembros del EMC habían rechazado completamente las conversaciones que llevaron al acuerdo de paz de las FARC en 2016. Al mismo tiempo, los fundadores de un segundo grupo de disidentes, conocido como Segunda Marquetalia, también habían rechazado el acuerdo tres años después de su firma. Argumentaron que el Estado no había cumplido con sus promesas.