La organización de derechos humanos Amnistía Internacional publicó un informe este jueves 16 de febrero señalando que las poblaciones indígenas y campesinas fueron objetivo de la mayor violencia policial y represión por parte de las fuerzas armadas peruanas en las manifestaciones que empezaron en diciembre pasado tras el intento de golpe del expresidente Pedro Castillo.
Amnistía Internacional ha realizado un análisis que toma como parámetros la concentración de protestas y el número de muertes por represión basados en datos de la Defensoría del Pueblo de Perú.
Ha registrado que el número de posibles muertes arbitrarias por la represión estatal se encuentra concentrado de manera desproporcionada en regiones con población mayoritariamente de pueblos Indígenas.
Ello a pesar de que el nivel de violencia estatal durante las manifestaciones fue prácticamente igual al registrado en otras regiones, como Lima, por ejemplo. Mientras que los departamentos con población mayoritariamente Indígena sólo representan el 13% de la población total de Perú, estos concentran el 80% de las muertes totales registradas desde el inicio de la crisis.
Los datos apuntan a que las autoridades habrían actuado con un marcado sesgo racista, ensañándose contra aquellas poblaciones históricamente discriminadas.
Durante su investigación, Amnistía Internacional entrevistó a múltiples personas funcionarias del Estado, entre ellas representantes de las fuerzas de seguridad, fiscales, funcionarios de la defensoría del pueblo, así como a comerciantes, periodistas, organizaciones de la sociedad civil, personas abogadas, familiares y testigos presenciales. Asimismo, el Laboratorio de Evidencia de la organización logró verificar 36 piezas de material foto y videográfico, de las cuales al menos 11 apuntarían al uso excesivo y en ocasiones indiscriminado de la fuerza letal y potencialmente letal por parte de la autoridad.
“No es casualidad que decenas de personas dijeran a Amnistía Internacional que sentían que las autoridades las trataban como animales y no como seres humanos. El racismo sistémico arraigado en la sociedad peruana y en sus autoridades durante décadas, ha sido el motor de la violencia ejercida como castigo contra las comunidades que han alzado la voz,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional
