La comisión de Interior del Parlamento británico ha cuestionado que el plan del Gobierno británico de deportar a demandantes de asilo a Ruanda tenga el efecto de disuadir a los migrantes que pretenden cruzar irregularmente el Canal de la Mancha.

 

 

“No está claro todavía si esto tendrá este efecto”, concluyen los diputados en un informe publicado este lunes, en el que piden al Ejecutivo que presente evidencias así como las medidas detalladas que se llevan a cabo para “garantizar el bienestar físico y mental” de los trasladados.

 

 

En este sentido, el comité niega que exista “una solución mágica” para abordar la inmigración irregular que cruza el canal con embarcaciones precarias y que, en cambio, se necesitan “políticas detalladas, fundamentadas, probadas y adecuadamente costeadas”.

 

 

Ante este incremento, a mediados de abril el gobierno de Boris Johnson anunció un acuerdo con Ruanda en el que se comprometía a proporcionar 120 millones de libras para el desarrollo del país africano (más de 141 millones de euros) y este, a cambio, se prestaba a acoger a los demandantes de asilo de Reino Unido.

 

 

A pesar de la “gran visibilidad” que tienen las llegadas de los botes a las costas británicas con tragedias, como las 27 personas ahogadas el pasado 24 de noviembre, los diputados del comité recuerdan que hay muchos inmigrantes que siempre han entrado clandestinamente por otras vías, como el ferry, el avión y el tren.

 

 

Por esta razón, el comité avisa del peligro de “una victoria pírrica” si se bloquea la llegada de embarcaciones, ya que se podrían crear nuevas vías más peligrosas todavía, y recomienda más cooperación con Francia y el resto de la Unión Europea, a pesar de los obstáculos del Brexit.

 

 

 

“El Gobierno corre el riesgo de socavar sus propias ambiciones y la posición internacional del Reino Unido si no puede demostrar que las políticas propuestas, como las devoluciones, ahora abandonadas, y el procesamiento en el extranjero, como la asociación de Ruanda que ahora está impugnada legalmente, son compatibles con el derecho y las convenciones internacionales”, argumentan los parlamentarios.