La nueva ley, impulsada por la bancada oficialista, fue sometida a votación este jueves, un día antes de lo anunciado, y tras dos horas de debates fue aprobada con 70 votos a favor, 17 en contra y 4 abstenciones.

Criticada desde el exterior al considerarse un intento del gobierno de Daniel Ortega por controlar los fondos de las organizaciones civiles, el grupo parlamentario sandinista justificó la iniciativa como un instrumento para defender la soberanía de injerencias foráneas.

La normativa exige a entidades que operan en Nicaragua bajo orden o supervisión de un organismo externo a registrarse como «agentes extranjeros» ante el ministerio de Gobernación.

Ello incluye a consejeros, relacionistas públicos, agentes de publicidad, empleadores de servicios de información y consultores políticos, entre otros. Fueron exceptuados de la ley los medios de comunicación social internacionales y corresponsales, así como las agencias de cooperación, organismos humanitarios y entidades religiosas acreditados.

«No puede seguir sucediendo que un millón de dólares valgan más que un millón de votos «, argumentó el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, quién sostuvo que organizaciones extranjeras financian a entidades para hacer campaña contra el gobierno de Ortega.

Acotó que la ley busca «evitar que recursos externos sean usados en injerencia» electoral. «Nosotros no estamos agrediendo los derechos de nadie (…) Si esta ley le sirve a Estados Unidos para defender su soberanía e imperio, ¿por qué no podemos tener una ley parecida?», cuestionó Gutiérrez.

La ley despertó fuertes críticas en la comunidad internacional, lo que el legislador sandinista calificó como un «vulgar rasero, con el que nos quieren medir a nosotros».

Parlamento Europeo condenó la restricción de libertades

Estados Unidos y el Parlamento Europeo condenaron la semana pasada el proyecto de ley por considerar que restringe las libertades públicas, y amenazaron con nuevas sanciones.

Los 14 diputados del derechista Partido Liberal Constitucionalista (PLC) se opusieron a la norma porque «el concepto de soberanía no puede estar por encima del derecho de las personas», sostuvo el legislador Maximino Rodríguez. Su compañera Adilia Salinas manifestó, de su lado, que no es delito para las entidades obtener apoyo financiero en el exterior para realizar su trabajo organizativo.

La legislación fue aprobada casi un año antes de que se celebren elecciones presidenciales y legislativas en Nicaragua, en las que el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), de Daniel Ortega, buscará su tercera reelección sucesiva desde 2007.

jov (afp, washingtonpost)