Mediante un decreto ejecutivo, el presidente ecuatoriano, el conservador Guillermo Lasso, ha declarado que el estado de excepción, que durará 30 días, busca garantizar la seguridad de la ciudadanía, la provisión de alimentos, combustibles y de otros servicios

afectados por las protestas.

 

 

Dicho decreto establece como «zonas de seguridad» las instalaciones petroleras en las provincias de Orellana y Sucumbíos y faculta a las Fuerzas Armadas a apoyar la acción de al Policía en el control interno. Asimismo, restringe los derechos a la libertad de asociación y reunión en aquellas manifestaciones en que ocurran hechos violentos y se exceptúan las protestas pacíficas.

 

 

También se restringe la libertad de tránsito, con excepciones, entre las 19:00 y 5:00 hora local en las provincias de Sucumbíos y Orellana; mientras que en la de Azuay la medida se aplicará desde las 21:00 horas.

 

 

El decreto, además, señala que los agentes del orden deben observar «el estándar del uso progresivo de la fuerza», dependiendo del «nivel de agresión o resistencia».

También, la norma dispone que la maquinaria del Ministerio de Obras Públicas despeje las vías cerradas por los manifestantes y señala que los gobiernos locales tendrán a su cargo el control de los mercados de víveres.

 

 

Por otro lado, el Gobierno de Ecuador ha anunciado que reanudará el proceso de diálogo con el movimiento indígena para intentar dar soluciones a sus demandas económicas y poner fin a las protestas.

 

 

Así lo ha precisado el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en una rueda de prensa en la que ha explicado que el Ejecutivo se someterá a la metodología, lugares y tiempos que proponga la Iglesia católica en el proceso de diálogo.

 

 

El Ejecutivo y el líder de las protestas, Leonidas Iza, entablaron negociaciones el lunes. Sin embargo, quedaron suspendidas un día después cuando el gobierno acusó a manifestantes de atacar un convoy de militares y policías en Sucumbíos.