El autogolpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en la mañana del 7 de diciembre. Un acontecimiento político que conmocionó al mundo, ya que el propio exmandatario fue apresado por la fuerza pública y en su lugar ascendió la actual presidente Dina Boluarte.

La situación en el país suramericano entró en punto de inflexión y en medio de la inestabilidad, los jefes de Estado y de Gobierno de la región comienzan a dividir sus apoyos, una situación a analizar en un mapa latinoamericano dominado por la izquierda.

Lo que ha sucedido desde entonces es una constante inconformidad social por parte de los seguidores de Castillo, con protestas en varias regiones del país y una división política de América Latina entorno a ruido político de Boluarte y a lo que se ha mencionado como el quebrantamiento de la naciente “marea roja” del continente.

Los Gobiernos de Colombia, México, Argentina y Bolivia expresaron “su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo”, al que aún consideran presidente de Perú y que ven como “víctima de un antidemocrático hostigamiento”.

En un comunicado conjunto publicado por la Cancillería colombiana, los cuatro países aseguraron que Castillo está siendo “objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio” y pidieron que se respete la “voluntad ciudadana” expresada en las urnas por el pueblo peruano.

De este grupo de países, con México la relación se ha deteriorado mucho más, ya que la nación ha recibido el exilio de la familia del expresidente Castillo.