En un comunicado conjunto emitido después del mensaje de Castillo, militares y policías recalcaron que “cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú”. A partir de ese momento la suerte de Pedro Castillo como presidente de Perú estaba echada.

Su decisión inesperada, solitaria y políticamente suicida aceleró el ritmo de los acontecimientos: dos horas después del intento fallido de autogolpe, el Congreso de la República decidía por 101 votos a favor (de un total de 130 escaños) su destitución como jefe del Estado.

Y en menos de una hora, Castillo ya tenía reemplazante: su compañera de candidatura, Dina Boluarte, juró como presidenta de la República, pidió una tregua política y prometió su apoyo a las investigaciones de la Fiscalía y la lucha contra la corrupción.

“El Gobierno de Colombia expresa su preocupación por la crisis política en Perú, se solidariza con el hermano pueblo peruano y hace un llamado al diálogo a todos los actores políticos para salvaguardar la democracia”, comunicaron desde la Cancillería colombiana.