Londres y Kigali firmaron este martes 5 de diciembre un nuevo acuerdo destinado a deportar a Ruanda a los inmigrantes que lleguen ilegalmente a territorio británico, sin importar cuál sea su origen. El controvertido texto aún deberá ser ratificado por los Parlamentos de ambos países.
Acuerdo cerrado. Tres semanas después del rechazo de un proyecto anterior, Londres y Kigali firmaron un nuevo documento, destinado a resucitar un controvertido acuerdo para expulsar a Ruanda a los inmigrantes que lleguen ilegalmente a Reino Unido.
El Gobierno británico intenta salvar esta medida, emblemática de su política contra la inmigración ilegal, después del desaire que sufrió a mediados de noviembre por parte del Tribunal Supremo británico, que confirmó que el proyecto era ilegal tal y como estaba redactado.
El nuevo acuerdo fue firmado en Kigali, capital de Ruanda, por el ministro del Interior británico, James Cleverly, y el ministro de Asuntos Exteriores de Ruanda, Vincent Biruta.
«Hemos continuado esta asociación con Reino Unido porque creemos que tenemos un papel que desempeñar en esta crisis de inmigración ilegal», aseguró Vincent Biruta durante una conferencia de prensa, mientras que James Cleverly declaró tener «una inmensa admiración por el Gobierno ruandés, que ha recibió muchas críticas».
Este nuevo tratado «responderá a las preocupaciones del Tribunal Supremo garantizando, en particular, que Ruanda no expulsará a otro país a las personas trasladadas en el marco de la asociación», decía un comunicado publicado previamente por el Ministerio del Interior, en respuesta a una de las principales preocupaciones de los magistrados.
Tras la decisión del Tribunal Supremo, James Cleverly aseguró que se firmaría un «tratado jurídicamente vinculante» con Kigali para ofrecer garantías sobre el futuro de los inmigrantes expulsados de Reino Unido.
El documento, que deberá ser ratificado por los Parlamentos británico y ruandés, incluye en particular la creación de «un tribunal conjunto con jueces ruandeses y británicos en Kigali para garantizar la seguridad de los inmigrantes y que ninguno de los inmigrantes enviados a Ruanda sea deportado a su país de origen», afirmó durante una rueda de prensa el portavoz adjunto del Gobierno ruandés, Alain Mukuralinda. “Y también se asegurará de escuchar todas las quejas de los migrantes”, concluyó.
Antes de firmar el acuerdo, el nuevo jefe del Ministerio del Interior visitó el lugar del Memorial del Genocidio de Kigali.
Superado ampliamente en las encuestas por la oposición laborista para las elecciones generales del próximo año, el Gobierno conservador se ha esforzado por adoptar una línea firme en la reducción de la inmigración, tanto legal como ilegal.
Tan solo este lunes, el Gobierno anunció nuevas medidas contra la inmigración legal, el aumento del salario mínimo exigido para trabajar en el Reino Unido y el fin de la reagrupación familiar para los cuidadores.
