A un mes para que venza el plazo de seis meses establecido por Estados Unidos para la suspensión de algunas sanciones a Venezuela, entre ellas al petróleo y al gas, se eleva el suspenso respecto a la decisión que, a la postre, tome el Gobierno estadounidense, que supedita la extensión del alivio a los pasos que dé Caracas para garantizar en julio unas presidenciales “competitivas”.
Y con competitivas, EE.UU. se refiere, principalmente, a la participación en las presidenciales del próximo 28 de julio de la exdiputada liberal antichavista
María Corina Machado, inhabilitada por la Contraloría para ocupar cargos de elección popular hasta 2036.
Pero el país caribeño, según el Gobierno, jamás se entregará “a las órdenes de Washington”, que en enero restauró sus sanciones al sector del oro. En represalia por la ratificación de la inhabilitación de Machado por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La incertidumbre llevó a expertos y a entes independientes a proyectar distintos escenarios económicos para este año, con un menor crecimiento en caso de que las medidas sean retomadas, mientras que el Ejecutivo de Nicolás Maduro confía en que el incremento será del 8 %, “con sanciones o sin sanciones”.
