El cumplimiento del acuerdo firmado en Barbados definirá los escenarios políticos para el 2024 cuando se prevé sean celebradas elecciones presidenciales en Venezuela. El papel de EEUU, que también se adentra a la campaña electoral por las elecciones presidenciales, también será clave.
¿Qué debería ocurrir en adelante? En teoría más flexibilización de sanciones a cambio de la liberación de presos políticos y la habilitación política de la ganadora de la elección, entre otros temas, estima Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno (CEPYG) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
Sin embargo, el gobierno asegura que se violó el acuerdo de Barbados y la oposición argumenta que la primaria está protegida por el acuerdo.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro calificó como un “fraude” la primaria presidencial, la fiscalía general de la República inició una investigación contra sus organizadores y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió un fallo en el que suspende “todos los efectos” del proceso.
En ese sentido, Alarcón estima que como ha ocurrido en el pasado con otros procesos de negociación, el gobierno sorprende con los procesos judiciales contra los directivos de la Comisión Nacional de Primaria “en un posible intento por tratar de cambiar el foco y quitarle peso a las habilitaciones en las próximas reuniones de control y seguimiento de los acuerdos”.
“Es innegable que el gobierno se está moviendo en todos los tableros, porque necesita mucho dinero para enfrentar una campaña presidencial con un mínimo de credibilidad en 2024, pero le será difícil lograrlo si no cumple con los compromisos. El compromiso de habilitación, aunque no quedó expresamente firmado en Bridgetown como ocurrió con otros temas, ha sido recordado una y otra vez por la vocería estadounidense”, dijo Alarcón en el Podcast del CEPYG de la UCAB divulgado por Politika UCAB.
Luego de la firma del acuerdo sobre garantías electorales en Barbados, el gobierno estadounidense anunció la flexibilización temporal de algunas sanciones en la industria petrolera, pero advirtió que las medidas serían revertidas si, antes de finalizar noviembre, no se evidencian pasos concretos orientados al levantamiento de inhabilitaciones y la liberación de presos políticos.
Jorge Rodríguez, jefe de la delegación negociadora del gobierno calificó la declaración del secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken como “inaceptable, falsas y mentirosas”.
