Buenos Aires – El presidente argentino Javier Milei envió al Congreso un proyecto de ley que, de ser aprobado, le daría amplias facultades para gobernar sin depender del órgano legislativo. Entretanto, continúan y se amplifican las manifestaciones contra sus políticas.
El inicio del Gobierno de Javier Milei está marcado por la velocidad y la profundidad: llegó con ánimos de cambiar mucho. Hay sectores que respaldan la iniciativa del nuevo presidente, pero otros miran con preocupación las modificaciones al Estado y las normas que regulan los intercambios sociales, económicos y culturales de los argentinos.
A medida que pasan los días, empieza a definirse un escenario en el que es el Poder Legislativo el que queda como principal contendiente –o muro de contención, para quienes se oponen a Milei– de un Ejecutivo que preferiría evitar tener que gobernar en un ida y vuelta republicano con el Congreso, con el argumento de que la urgencia y la gravedad de la coyuntura no admiten demoras ni largos debates.
En ese contexto, además, crece la protesta social organizada y espontánea, a la vez que el gobierno refuerza –y busca aumentar– las instancias de control de las manifestaciones y represión de la protesta.
La Administración de Javier Milei arrancó con todo, con ínfulas, con ánimo avasallante, con un extenso Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que implementa cambios drásticos en las regulaciones de la economía, a menos que sea, en las próximas semanas, rechazado por el Congreso), y con la intención de modificar aún más sectores, como busca un proyecto de ley del que hablamos más abajo.
Arrancó el Gobierno de Milei por autopista, a toda velocidad. Pero el día a día de la democracia republicana es un camino de tierra, generalmente embarrado tras una tormenta, y para avanzar toca ir más lento y sortear obstáculos y pequeñas lagunas donde no quedar estancado. No es un error en el diseño del sistema, es intencional: de ese modo ofrece contrapesos e instancias de contralor, buscar garantizar –a veces mejor, a veces peor– que todos los sectores sociales tengan representación.
Milei ganó con amplio margen las elecciones para ser presidente. Pero en el Legislativo su partido quedó rezagado y eso también fue una elección de los votantes: quisieron, más o menos explícitamente, ponerle límites a su poder. Tampoco tiene especial influencia en la estructura de los poderes locales de gobernadores e intendentes: otro límite a su poder. Todos límites impuestos por el mismo electorado que le dio su triunfo. Si esa victoria es legítima porque se la otorgó la ciudadanía en las urnas, también es legítimo el límite, votado por los mismos electores.
Todo esto sin contar otros límites propios de esta sociedad. En primer lugar la otra pata de la estructura republicana: la Justicia, en la que ya hubo presentaciones contra el DNU. Y los actores sociales y económicos: empresas (las grandes por ahora respaldan a Milei desde sus cámaras, las pequeñas y medianas esperan a ver qué pasa), sindicatos, movimientos sociales (que comenzaron a hacer marchas contra el gobierno), líderes religiosos, etc.
Lejos de buscar gobernar mediante consensos, el Gobierno, en esta etapa inicial, sigue avanzando en un intento de concentrar poder y forzar todas las reformas que cree necesarias. En las próximas semanas y meses se verá si el barro republicano acomoda el carro de Milei o si este logra construir una autopista que lo pase por encima.