La organización Red Humanitaria volvió este lunes a pedir al Parlamento de Honduras que apruebe una nueva ampliación de la amnistía sobre el pago de una multa administrativa a los migrantes que ingresan de manera irregular a ese país.
En un comunicado, la Red Humanitaria hizo «un nuevo llamado para que las distintas fuerzas políticas que integran el Congreso Nacional retomen la discusión del Proyecto de Ley que incluye la prórroga de la amnistía sobre el pago de la sanción administrativa por ingresar de forma irregular a Honduras».
Según cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), citadas por la Red, que lideran las agencias del Sistema de Naciones Unidas y la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, 545.043 personas, entre ellos 113.986 niños y niñas, ingresaron a Honduras en 2023, lo que supone un aumento del 188 % con relación a las de 2022.
«La respuesta coordinada del Estado ha sido crucial para mejorar las condiciones de recepción de las personas en movimientos migratorios mixtos en las comunidades de tránsito y de acogida y para mitigar los impactos que tienen en las mismas», subrayó la Red Humanitaria.
Todo ello ha «disminuido los riesgos de protección que enfrentan las personas en tránsito por el país durante la ruta migratoria», añadió.
La amnistía migratoria se aprobó originalmente en abril de 2022, entró en vigor en agosto de ese mismo año y la última ampliación expiró el pasado 1 de enero.
La Red aplaudió la decisión del Gobierno hondureño de no imponer sanción administrativa a los flujos de migrantes extranjeros que ingresen al país, a quienes además se les otorga un permiso especial de permanencia en el territorio nacional hasta por un término de diez días.
La medida humanitaria anunciada a finales de diciembre pasado por el INM contribuye «a los esfuerzos en torno a la promoción y protección de los derechos humanos de las personas en movimientos migratorios mixtos, quienes usan canales de tránsito irregulares y se ven expuestas a riesgos, tales como los delitos de trata y tráfico ilícito de personas, y evitar la vulneración de niños niñas y sus familias», destacó.
La exoneración del pago de la sanción fortalece la capacidad de gobernanza en materia migratoria y facilita la identificación de personas con necesidades de protección específica o protección internacional, agregó.
Además, ha permitido avanzar en la «consolidación de un tránsito digno y seguro por el territorio nacional, dado que fomenta que las personas se aboquen de manera voluntaria a gestionar los trámites administrativos dispuestos por las autoridades competentes para que pueda existir un tránsito ordenado y seguro, con enfoque en derechos humanos», resaltó la Red Humanitaria.
También ha ayudado a mitigar los riesgos que enfrentan las personas en tránsito, reduce las violaciones de derechos humanos que pueden sufrir y disminuye las causas que les fuerzan a utilizar estrategias como la mendicidad.
La Red Humanitaria, también conocida como Equipo Humanitario de País (EHP) en Honduras, ha estado operando desde 2010. Este equipo está compuesto por más de 60 organizaciones, tanto internacionales como nacionales, así como representantes de Naciones Unidas y el Movimiento de la Cruz Roja. Su misión principal es responder y prepararse de manera coordinada y fundamentada en principios humanitarios frente a situaciones de emergencia y desastres, según la web de Naciones Unidas Honduras.
(c) Agencia EFE
