Los ecuatorianos responderán este domingo a un referéndum con el que el presidente, Guillermo Lasso, propone reformas en temas de seguridad, organización política y medioambiente, aunque sus opositores creen que las preguntas son «tramposas» y alertan sobre un posible «riesgo a la democracia».

Con el referéndum, el Ejecutivo busca impulsar ocho cambios en la Constitución, uno de los cuales tiene que ver con una de las mayores preocupaciones de la población: la inseguridad.

Lasso considera que el referendo «es una herramienta para derrotar al principal enemigo de todos: la narcodelincuencia y el crimen organizado» y por ello, en la primera pregunta pide apoyo para facilitar la extradición de ecuatorianos por estos delitos, hasta ahora prohibida.

Karen Sichel, asesora jurídica de la Presidencia, anima a «romper ese candado constitucional y permitir que los criminales puedan ser expulsados y juzgados fuera».

En contraposición, para la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), que agrupa a catorce pueblos originarios, se trata de una pregunta «que manipula a la gente», pues «extraditar no equivale a expulsar a la delincuencia» y la «extradición no ayuda a reducir el cometimiento de delitos».

El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, pidió el «No» al referéndum porque en su opinión “las preguntas son tramposas y no buscan resolver los profundos problemas del Ecuador», e incluso acusó a Lasso de querer controlar los poderes del Estado para poner a «gente que le cubra la espalda».