El recuento federal de personas sin hogar en EEUU llegó a 580.000 el año pasado, impulsado por la falta de viviendas asequibles, la pandemia de COVID-19 y la falta de acceso a servicios mentales, tratamientos de salud y adicciones.
Esos campamentos fueron durante mucho tiempo una característica habitual de las ciudades de la costa oeste, pero ahora se están extendiendo por todo el país.
El recuento federal de personas sin hogar llegó a 580.000 el año pasado, impulsado por la falta de viviendas asequibles, una pandemia que arruinó económicamente a los hogares y la falta de acceso a servicios mentales, tratamientos de salud y adicciones.
Registros obtenidos por AP reflejan que los intentos de despejar los campamentos aumentaron en ciudades desde Los Ángeles hasta Nueva York a medida que crecía la presión pública para abordar lo que algunos residentes consideran condiciones de vida peligrosas e insalubres.
Sin embargo, a pesar de las decenas de millones de dólares gastados en los últimos años, parece haber poca reducción en el número de tiendas de campaña colocadas en las aceras, parques y rampas de salida de las autopistas.
Las personas sin hogar y sus defensores dicen que las redadas son crueles y un desperdicio del dinero de los contribuyentes, y que la respuesta es más viviendas, no medidas represivas.
AP envió solicitudes de datos a 30 ciudades estadounidenses sobre redadas de campamentos y recibió respuestas al menos parciales de aproximadamente la mitad.
En Phoenix, el número de campamentos barridos se disparó a más de 3.000 el año pasado desde 1.200 en 2019. La ciudad de Las Vegas eliminó alrededor de 2.500 campamentos hasta septiembre, frente a 1.600 en 2021.
Pero incluso los funcionarios de las ciudades que no recopilan datos confirmaron que los campamentos públicos consumen más tiempo, y están comenzando a hacer un seguimiento de las cifras, al presupuesto para seguridad y eliminación de basura, y a reforzar o lanzar programas para conectar a las personas sin hogar con viviendas y servicios.
«Estamos viendo un aumento de estas leyes a nivel estatal y local que penalizan a las personas sin hogar, y es realmente una reacción equivocada a esta crisis”, dijo Scout Katovich, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, que ha presentado demandas impugnando la constitucionalidad de redadas y confiscaciones de propiedades en una docena de ciudades, incluidas Mineápolis, Miami, Albuquerque, Anchorage y Boulder, Colorado.
«Estas leyes y estas prácticas de aplicación no hacen nada para aliviar la crisis y, en cambio, mantienen a la gente en este círculo vicioso de pobreza», afirmó.
Pero el gobernador de California, Gavin Newsom, cuyo estado alberga a casi un tercio de la población sin hogar del país, dice que dejar que los peligrosos campamentos improvisados se pudran no es ni compasivo ni una opción.
