Siete días han pasado desde que el Gobierno de Daniel Noboa decretó el «conflicto armado interno» contra grupos declarados como terroristas en Ecuador. Los resultados: miles de detenciones en zonas conflictivas, muertes, violencia en las cárceles y guías penitenciarios secuestrados. ¿La política de mano dura dará resultados a largo plazo?.
Las escenas se repiten: fusiles apuntan a los rostros de adolescentes, jóvenes y hombres adultos —decenas son afrodescendientes—, detenidos por policías y militares en varias zonas conflictivas en Ecuador como Esmeraldas, Manabí, Guayas. Han sido detenidos y, de acuerdo con la Policía, son, presumiblemente miembros de bandas narcocriminales en Ecuador.
Desde el 9 de enero de 2024, el país andino, el más violento de América Latina por su tasa de 46 homicidios por cada 100.000 habitantes, vive bajo una declaratoria de «conflicto armado interno», en el marco de un estado de excepción. Atentados, policías retenidos, sicariatos y el secuestro de más de 200 funcionarios y guías carcelarios en siete prisiones controladas por organizaciones criminales se vivieron durante los primeros días de la medida.
En una semana, el Gobierno ha presentado los resultados del Plan Fénix, como llama a su línea de trabajo en seguridad: 1.975 personas detenidas, es decir, 282 capturadas a diario, 20.849 operativos a escala nacional y la liberación de los rehenes, hasta el 17 de enero. Las muertes, sin embargo, no cesan: la tarde del martes, el reconocido fiscal César Suárez, que investigaba casos de delincuencia organizada y otros como la reciente toma armada del canal TC Televisión, fue asesinado en Guayaquil.
Desde Quito, Luis Córdova, investigador y director del programa de investigación Orden, Conflicto y Violencia, de la Universidad Central del Ecuador, analiza ampliamente los primeros resultados de la declaratoria del «conflicto armado interno». Aborda sus posibles efectos a largo plazo y los peligros de una militarización prolongada en el país, donde las redes criminales operan con la fuerza pública y agentes estatales —como evidenció el caso Metástasis— y con la detención de militares, miembros de bandas delictivas.
