Luego de “fructíferas conversaciones” entre Nicaragua y la Santa Sede, el Gobierno de Daniel Ortega envió a 12 sacerdotes, detenidos por varios delitos, a Roma. El Vaticano confirmó la llegada de los curas este jueves 19 de octubre y dijo que serán recibidos por funcionarios de la secretaría del Estado y alojados en algunas dependencias de la Diócesis de Roma.
De la cárcel al Vaticano. El cura Manuel García fue condenado a dos años de prisión por supuestamente amenazar con armas a cinco personas. El monseñor José Leonardo Urbina recibió una condena por abuso sexual a una menor. El párroco de la Iglesia “Juan Pablo Segundo”, de Sébaco, se encontraba detenido por un caso de supuesta ‘traición a la patria’.
En total, 12 sacerdotes que estaban encarcelados en Nicaragua, por diversos delitos, fueron liberados y enviados al Vaticano.
El Gobierno de Daniel Ortega tomó esta decisión, dijo en un comunicado, luego de sostener “fructíferas conversaciones” con líderes católicos, incluidos miembros de la iglesia local y altos mandos del Vaticano.
De su parte, Roma confirmó este jueves que acogerá a los 12 sacerdotes que habían sido liberados de prisión y que llegarían a Italia el mismo día.
Los sacerdotes que viajaron son Manuel Salvador García Rodríguez, José Leonardo Urbina Rodríguez, Jaime Iván Montesinos Sauceda, Fernando Israel Zamora Silva, Osman José Amador Guillén, Julio Ricardo Norori Jiménez, Cristóbal Reynaldo Gadea Velásquez, Álvaro José Toledo Amador, José Iván Centeno Tercero, Pastor Eugenio Rodríguez Benavidez, Yessner Cipriano Pineda Meneses y Ramón Angulo Reyes.
“El Gobierno de Nicaragua no ha agotado recursos para asegurar y defender la paz que tanto atesoramos las familias nicaragüenses”, agregó el Gobierno, al señalar que la liberación de los sacerdotes representa “la voluntad y compromiso por encontrar soluciones”.
Sin embargo, en el grupo de sacerdotes expulsados no consta el monseñor Rolando Álvarez, una de las voces críticas contra el Gobierno, que cumplió un año en prisión en agosto de este año. Fue acusado de conspiración e intento de desestabilización del Estado.
En febrero de este año, Álvarez se negó a dejar el país en un vuelo con 222 opositores que estaba presos y que tenía como destino Estados Unidos. Ortega calificó al sacerdote de “soberbio” por no subirse en el avión. La condena en su contra llegó un día después y ahora cumple 26 años y cuatro meses de cárcel.
Ni el Gobierno de Ortega ni la Santa Sede han explicado por qué Álvarez no está dentro de los 12 sacerdotes liberados.
Organizaciones de derechos humanos a nivel internacional han expresado su preocupación a lo que ellos llaman una persecución a la Iglesia. Human Rights Watch emitió un informe en el que señala, entre otras cosas, que “el Gobierno ha desmantelado todos los controles institucionales al poder presidencial. En medio de una escalada represiva contra críticos y opositores políticos, el presidente Ortega fue electo a un cuarto mandato consecutivo en 2021”.
Además, reclamaron que, en 2022, “el gobierno clausuró más de 2.000 organizaciones no gubernamentales e intensificó la violencia contra miembros de la Iglesia Católica”. La Organización de Estados Americanos (OEA) también rechazo el seguimiento contra la Iglesia.
