El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), destituido en de 2012 por el Congreso Nacional (CN), José Francisco Gaekel, señaló que son momentos trascendentales para el país luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó a Honduras de destituir arbitrariamente a cuatro exfuncionarios.
Bajo ese contexto, Gaekel dijo que “estos momentos son tan trascendentales para el país, yo creo que la sentencia notificada ayer y dictada el 29 de noviembre de 2023, por los magistrados de la CIDH, tiene aspectos sumamente relevantes, constructivos para el Estado de Derecho”.
Los afectados el pasado diciembre de 2012 fueron: José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel y Gustavo Enrique Bustillo Palma, y la magistrada Rosalinda Cruz Sequeira a quienes se les violó las garantías judiciales, determinó la CIDH.
Dicha sentencia debe de ser algo que sirva para construir y no destruir, debe de ser algo que deba unir a la ciudadanía y al país en torno a un Estado Derecho y Poder Judicial fortalecido, manifestó Gaekel.
Además, dejó claro que sus acciones y los resultados durante su estadía en la CSJ, fue enmarcado dentro del marco constitucional y legal.
Asimismo, consideró que la determinación de la Corte fortalece al Poder Judicial, a los magistrados de la actual CSJ, ya que, hay varios que están comprometidos con la independencia judicial.
Se debe señalar que doce años después se logra una resolución a favor de los cuatro magistrados, que deja como lección la no utilización de mecanismos que no se roben atribución y funciones que no se tienen, porque lo importante es actuar dentro del marco constitucional y legal para no tener este tipo de repercusiones legales por que afecta la imagen del Estado de Honduras, dijo Gaekel.
Ahora el Estado debe pagar una indemnización compensatoria a las víctimas, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad, y adoptar las medidas legislativas para adecuar el ordenamiento jurídico interno a los estándares establecidos en la Sentencia respecto de la estabilidad e inamovilidad en el cargo de quienes ejercen la función judicial.
