El proceso hacia una nueva constitución en Chile inicia su etapa final en medio de un panorama incierto. Este es el segundo intento del país sudamericano, tras el estallido social de 2019, por acordar un texto que reemplace al actualmente vigente, que fue promulgado en 1980 en dictadura y consagró un modelo económico y social de corte neoliberal.

La primera propuesta, de orientación progresista de izquierda, elaborada por una Convención electa, fue rechazada por un 62% en el plebiscito de septiembre de 2022. En este segundo proceso se optó por una Comisión de Expertos representantes del espectro político, que elaboró un anteproyecto que concitó amplio consenso.

Este texto pasó a un Consejo Constitucional de miembros popularmente elegidos, donde el partido ultraconservador Republicano, la derecha más radical chilena, tuvo mayoría e impuso cerca de 400 enmiendas al anteproyecto. En este panorama, se dio la paradoja de que quienes abiertamente querían mantener la constitución de Pinochet, terminaron redactando la nueva propuesta. Ya sea que se apruebe o siga rigiendo la antigua, ese sector tiene el triunfo asegurado.

En su trámite final en el Consejo, la propuesta fue aprobada este lunes 30 de octubre de 2023 en votación dividida: 33 votos a favor de la derecha y 17 en contra de la izquierda. El próximo 17 de diciembre la ciudadanía tendrá la última palabra en un plebiscito de participación obligatoria. «Nos encontramos en un escenario bastante inédito en el constitucionalismo mundial, de dos procesos consecutivos, en que podría haber un rechazo, según muestran las encuestas”, dice a DW el abogado Javier Couso, académico de la Universidad Diego Portales y de la Universidad de Utrecht, Países Bajos.

Razones para aprobar y rechazar

A diferencia del anteproyecto de los expertos, el texto final del Consejo «desafortunadamente no reúne ese mismo nivel de consenso. Se instaló una lógica confrontacional, que impidió un texto más masivo. En lo personal me frustra, pero cosa distinta es evaluar el propio texto”, indica a DW el abogado Sebastián Soto, quien fuera vicepresidente de la Comisión Experta, patrocinado por Evópoli, partido de centroderecha.

En opinión del profesor de derecho de la Universidad Católica, «los del constitucionalismo son procesos de lo posible, no de lo óptimo. Y lo posible hoy es un texto como el que se propone. Hay algunas disposiciones que no me gustan y no todo lo que está escrito me parece correcto, pero en la globalidad es superior al texto actual y a mi juicio debe ser aprobado para dar vuelta la página constitucional y empezar a resolver nuestros otros problemas”.

Javier Couso discrepa: «Dar vuelta la página es una opinión muy funcional para quienes quieren aprobar esta propuesta porque les gusta. Bajo esa lógica no debieron haber votado rechazo hace un año. Es cierto que de rechazarse no hay ambiente en Chile después de cuatro años para ningún cambio constitucional completo, pero sí veo la posibilidad de muchas reformas puntuales, transversalmente acordadas, al texto vigente, que tendrían más consenso que llamar a votar por cansancio algo peor y que profundiza elementos muy propios de la agenda de un sector”.

Un proyecto extenso

Una de las críticas transversales es su extensión. Con diecinueve mil palabras más que la carta vigente sería una de las diez más largas del mundo. En opinión de Couso, este es un síntoma de que es un texto programático partisano. «Hay muchas materias que habitualmente se entregan a la ley, que están en esta propuesta y eso tiene el problema de que inconstitucionaliza otros programas políticos”, señala.

«No todos son artículos que yo suscribiría, fui crítico de varios de ellos. No me gusta su extensión, el detalle de algunas de sus disposiciones, y la exención de contribuciones de bienes raíces a la primera vivienda me parece una mala política pública”, observa Soto.

No obstante, lo considera «un texto adecuado y correcto, que logra que confluyan dos tradiciones, la del estado social de derecho y la mejor versión del estado subsidiario, que no son incompatibles. Contiene una serie de banderas de izquierdas y derechas en materia constitucional, pone al día el catálogo de derechos fundamentales y permite empezar a resolver problemas del sistema político, iniciar un proceso de descentralización más atrevido y enfrentar desafíos ambientales”.

Entre lo positivo, Couso nombra el reconocimiento de los pueblos originarios, el estado social de derecho y algunas mejoras al sistema político, que son parte del acuerdo del año pasado que dio origen a este proceso, pero lamenta que haya sido desfigurado. «Cuando se entra a la letra chica, las normas que regulan pasan a ser extremadamente contrarias al estado social. Por ejemplo, la posibilidad de solidaridad en materia de pensiones y seguridad social se ven borradas ante el derecho de propiedad”.

El académico opina que «se intentó cuadrar el círculo: respetar la base del estado social de derecho y al mismo tiempo profundizar el estado neoliberal, lo que va a generar mucha judicialización para resolver esa contradicción”. Políticas públicas que se hagan por ley podrían ser declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, afirma: «La idea de que las políticas públicas pueden hacerse contra una constitución que prohíbe cosas progresistas es francamente una ilusión”.

En materia de valores, la derecha impuso una clave religiosa cristiana al establecer la protección de «quien está por nacer”, lo que podría poner en peligro la legislación vigente, que permite el aborto en tres causales, explica Couso. Asimismo, en la línea de reforzar la libertad individual, establece que el interés superior del niño lo determinan sus padres o tutores, que los padres podrán educar en casa a sus hijos y el currículum mínimo del estado solo puede alcanzar el 50%.

Estas son algunas de las preocupaciones de representantes de diversos sectores políticos y académicos, incluso quienes rechazaron el proyecto anterior, que llaman a votar «en contra”, pues consideran que la propuesta se inclina hacia un sector. El propio consejero líder de los republicanos, Luis Silva, reconoció que es un texto con el que se siente más cómoda la derecha y la centroderecha.

Mayor quorum para reformas

La propuesta eleva el quorum para hacer reformas a 3/5 (60%), lo que dificulta que en un Congreso fragmentado como el chileno se puedan hacer modificaciones, más aún al tratarse de un texto extenso.

Para Soto «no es un cerrojo imposible. Está en la parte baja de la curva de quorum de reformas de constituciones del mundo y espero que, en caso de ser aprobado, este borrador siga siendo perfeccionado en democracia”. En su opinión, «es un problema más de tono que de texto. Tiene potencial para consolidarse como una constitución de consenso hacia al futuro”.

En tanto, Couso lo considera «un retroceso gigantesco respecto del acuerdo transversal elaborado por los expertos, que no solo era un pacto, sino una constitución más corta y sobria. Este proyecto tiene un tono conservador y profundiza los elementos neoliberales de la constitución de 1980. De aprobarse, preveo mucha frustración y división, porque no es un texto que convoque transversalmente”.