La ley SB 1718 de Florida entró en vigor este sábado, 1 de julio, y, entre otras cosas, contempla penas de hasta 15 años de prisión a quienes trasladen indocumentados al estado.
Cientos de personas marcharon este fin de semana en la ciudad de Homestead, en el sur de Florida, para protestar contra la ley SB 1718, que entró en vigor este sábado, 1 de julio y que contempla, entre otras cosas, penas de hasta 15 años de prisión por trasladar a un indocumentado a Florida.
Lucía Quié estaba entre los manifestantes y acudió con un gran cartel que rezaba “Nuestra economía depende de los inmigrantes”. Ella dejó Guatemala hace más de 20 años en busca de una vida mejor en Estados Unidos.
Tiene dos hijas, trabaja en el campo y no tiene papeles. Admite estar “atemorizada” por esta nueva legislación y pide al gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis que dé marcha atrás para invalidar la medida.
“Ojalá que Ron DeSantis se arrepienta, que abra sus ojos, su mente y su cerebro para que nos ayude porque nosotros sí que pagamos impuestos y hacemos la diferencia”, subraya defendiendo que “sin el turismo, la construcción y la agricultura, Florida no existiría”.
El mismo día que la ley entraba en vigor, varios grupos que luchan por los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos anunciaron que ya se está trabajando para interponer una demanda para bloquear esta legislación.
La demanda, impulsada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Florida, Americans for Immigrant Justice, American Immigration Council y Southern Poverty Law Center, “se presentará contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en nombre de varias personas y la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, una organización de derechos de los inmigrantes que se enfoca en la justicia social, política, económica, laboral, de salud y ambiental con y para los trabajadores agrícolas, alegando que la ley no solo viola los derechos fundamentales de las personas en el estado, sino que socava la riqueza cultural y las contribuciones económicas de los inmigrantes”.
“Lo último que se pierde es la esperanza y tenemos la fe de que nuestra comunidad pueda defender sus derechos ante la justicia”, dijo Rosa Elera, portavoz de la Coalición de Inmigrantes de la Florida (FLIC).
