Pese a que las fuerzas de seguridad han capturado a miles de pandilleros a los que atribuyen la mayoría de los crímenes que se comenten en El Salvador, una organización no gubernamental denunció el lunes que persiste el desplazamiento forzado interno y responsabilizó a esos grupos criminales.
“El régimen (de excepción) no ha parado el desplazamiento forzado interno por violencia de pandillas”, afirmó la abogada Rina Montti, directora de Investigación de Derechos Humanos de la organización Cristosal.
El Congreso aprobó el estado de excepción después de que el 26 de marzo se reportaron 62 homicidios en el país, un nivel de criminalidad que no se había visto en El Salvador en varios años. La medida limita la libertad de asociación y suspende el derecho de una persona a que se le informen debidamente sus derechos y razones de arresto, así como la asistencia de un abogado. También amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes considere sospechosos.
Montti dijo que desde que inició el régimen de excepción han documentado 85 personas en situación de desplazamiento forzado interno y que “más del 80% están reportando que el detonante principal fue cometido por miembros de las pandillas”, lo que demuestra que parte del accionar de estos grupos sigue activo. De éstos, 50 casos son de mujeres y 35 hombres y en el desglose por edades 34 son menores.
Las razones del desplazamiento son, entre otras, las amenazas de las pandillas, el homicidio de algún familiar, la extorsión y la violencia por orientación o identidad sexual.
Montti dijo que al menos el 40 % de las personas desplazadas apuestan por emigrar. Los salvadoreños que llegan hasta la frontera sur de Estados Unidos son la minoría, ya que en muchas ocasiones se quedan en México. Se estima que unos 300 salvadoreños salen del país todos los días.
También se reformó el Código Penal para que las pandillas o cualquier organización conformada con el fin de delinquir se consideren penalmente ilícitas y sus miembros puedan ser sancionados con penas de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas de esos grupos podrían recibir condenas de 40 a 45 años de cárcel.
