Tras el fallo este jueves de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya (Países Bajos) en donde rechazó la pretensión de Nicaragua de expandir su plataforma continental, más allá de las 200 millas náuticas, expertos consultados aseguran que viene ​lo más difícil: encontrar mecanismos de diálogo y de concertación del más alto nivel entre Bogotá y Managua.

Y es que tras el fallo que benefició a Colombia, viene la implementación de lo decidido por el CIJ en el 2012 en temas variados como protección marina, tránsito, pesca, lucha contra el narcotráfico y el turismo, explica Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, de la Universidad de Costa Rica (UCR).

«Ambos aparatos diplomáticos deberán poner a sus mejores equipos de negociadores en aras de lograr una paulatina normalización de sus relaciones», señala Boeglin, quien asegura que este 13 de julio culminaron 22 años de contienda legal entre ambos Estados.

«Es un gran día para América Latina y la comunidad del Caribe», indicó.

Colombia celebró la decisión de la CIJ, y Nicaragua reconoció de inmediato la sentencia de la Corte Internacional. «Es una sentencia firme, definitiva y de obligatorio cumplimiento», dijo Managua, aunque llamó a Colombia a que reconozca “el valor y eficacia de todas las sentencias de la Corte, en particular la sentencia dictada en 2012”.

En dicha sentencia se delimitaba la Zona Económica Exclusiva de Nicaragua en el Mar Caribe hasta las 200 millas marinas desde las líneas de base de las costas nicaragüenses y Colombia se rehusó a cumplir dicha sentencia.

La decisión, que culmina un largo pleito judicial que inició en 2001, cuando Managua realizó la primera demanda ante la CIJ y que enfrentaron diferentes gobiernos colombianos, representa “el fallo más importante para Colombia en el derecho internacional”, según explicó Fabián Cárdenas Castañeda, profesor de Derecho Internacional de de la Pontifica Universidad Javeriana.

Cárdenas coincide por separado con Boeglin en que asuntos como la geopolítica, la gobernanza marina, los derechos pesqueros, entre otros, “son temas que continuarán por décadas con Nicaragua, que quedaron pendientes del litigio”, pero que no se resolverán por vía de un tribunal, sino que tendrán que negociarse de manera directa entre las partes.